La Unión Europea ha concedido un nuevo préstamo a Grecia por valor de 159 000 000 000 € (ciento cincuenta y nueve mil millones de euros). La principal novedad es que por primera vez la banca privada asumirá parte del préstamos (en concreto cincuenta mil millones de euros). Con esto se pretende salvar a Grecia de la bancarrota y estabilizar los mercados, que estaban marcando a Europa como una zona de alto riesgo, al nivel de países como Burkina Faso o Afganistán.
¿Y ahora qué?¿Es el final de la crisis mundial? A nadie se le escapa que ahora vendrá un nuevo capítulo. Lo que sí que es muy importante es que por primera vez en siglos el sector privado acude al rescate de un país. Puede que a alguno se le haya escapado las implicaciones de esta situación, pero que el sector privado controle el sector público supone una situación embarazosa para ambos, ya que el sector público se ve en la obligación de pagar fuertes deudas a empresas privadas y las empresas privadas pueden sentir la tentación de intervenir directamente en los asuntos públicos.
¿Cuántas veces hemos oído eso de que los que gobiernan realmente a los pueblos son las grandes empresas y los bancos? Dejando a un lado los tintes novelescos y conspirativos, nada de cierto hay, al menos a gran nivel y en países civilizados, de que las grandes empresas controlen a los gobiernos. Incluso en países de cierta tradición mafiosa como Italia, Brasil o México, se puede hablar realmente de presencia delictiva o corrupción en ciertas zonas o con ciertos políticos y no de un control generalizado de estas empresas. Lo creamos o no, incluso el político menos poderoso no deja de ser un representante del poder soberano y tiene algo que el mafioso o el banquero privado no tiene y es legitimidad.
Apunten esa palabra, porque es la clave al rescate de Grecia. Con la aceptación de los bancos a participar en el rescate griego, se les ha proporcionado legitimidad para rentabilizar su inversión. Esto, como hemos dicho, no legitima a los bancos a participar en la política griega, pero los legitima a reclamar su dinero. Esto puede suponer una situación extraña, que puede desembocar en malentendidos o en dolos.
El caso más parecido al rescate griego ocurrió en el siglo XVI, cuando la familia Fugger llegó a convertirse en prestamistas oficiales de los Austrias españoles, llegando a controlar prácticamente el oro y las minas de España y sus colonias. Sin embargo, a diferencia de lo que puede pasar ahora, bien sabemos que Carlos I o Felipe II no fueron precisamente reyes que permitieron la intromisión en sus asuntos de gobierno. Eso no quita que los acuerdos que adquirieron con la familia Fugger no fueran cumplidos, sino que no se le otorgó legitimidad de gobierno, sino sólo legitimidad de pago. Algo parecido, aunque de mucha menor entidad, fue lo ocurrido en las capitulaciones de Santa Fé, donde se reconocía a Colón y sus herederos derechos económicos y políticos sobre bienes públicos de la Corona de Castilla. Sin embargo, en este caso, las implicaciones políticas que traía el cargo hicieron que pasados los años hubiera de suspenderse el tratado. Esto mismo es lo que puede pasar con Grecia: o bien todos mantienen sus posiciones y la legitimidad se manifiesta en el pago exclusivamente o bien el sector privado tratará de inmiscuirse en el sector público, lo que traerá inestabilidad traducida en malversaciones por parte de los bancos o impagos punitivos por parte de Grecia.
Volvamos no obstante al caso que nos ocupa. Grecia tiene actualmente un problema grave del cual únicamente se sale con dinero. No busquemos las causas o cómo se llegó a esta situación. Busquemos las consecuencias de este nuevo comienzo. ¿Ha sido una decisión acertada la implicación de la banca privada? Sin duda, sí. Los Estados, es decir, en definitiva, los ciudadanos, y menos aún los ciudadanos extranjeros tienen que asumir las malas gestiones de un país como Grecia. Hemos de cambiar las leyes de la economía y de hecho están cambiando. Esta crisis ha demostrado que el capitalismo moderno tiene sus días contados y que es más que probable que debamos admitir que es necesario una vuelta al capitalismo pre-keynesista. El Estado no debe asumir ni intervenir en las políticas monetarias y económicas, como si se tratara de un mercantilismo encubierto. La Nueva Economía debe sustentarse en valores más puros, más básicos, donde el Estado sólo intervenga para garantizar la libertad de los ciudadanos.
De esta manera, el Estado no debería ayudar ni bonificar a empresas para que sus trabajadores no sean despedidos. Eso es típicamente keynesista y erróneo. El Estado, si interviene, sólo conllevará a una situación de relajación y de prolongación ficticia del trabajo. Es el caso de las minas de carbón de España o la práctica totalidad de los astilleros de Europa: es imposible mantener algo que está a punto de morirse. Se habla siempre de "sectores estratégicos", algo así como si falta la minería o los astilleros en un país, entonces se puede dar la casualidad de que haya falta de recursos. Esto es cierto a medias. Un sector estratétigo, si realmente lo es, hay que mantenerlo. Pero su mantenimiento no puede ser a costa de ayudas públicas (o lo que es lo mismo, intervención en las leyes de la oferta y la demanda), sino a costa de que el propio Estado asuma como funcionarios a dichos trabajadores o a dicha empresa. Claro que muchos dirán que eso ya se intentó y fracasó. Yo les digo que se intentó, pero no se mantuvo. Una empresa, aunque sea pública, hay que mantenerse como si fuera una empresa privada. La improductividad (y más si se trata de un sector estratégico) ha de ser penalizada.
De todas maneras, el hecho de que los bancos participen en el rescate es algo fundamental. No hay que olvidar que el capitalismo no es más que un sistema económico. Esto quiere decir que el capitalismo es la norma básica económica. ¿Y qué es la economía? La economía no es más que el mantenimiento y la gestión de los recursos y de su reparto justo entre los habitantes del país. Cómo se reparten sus recursos es el problema, pero más importante es el quién y el por qué. Como en una casa, en la que el padre distribuye equitativamente los recursos entre sus hijos, no podemos señalar a los bancos como responsables de todo porque son ricos. La riqueza es algo que como la fortuna, aparece y desaparece y siempre hay nuevos ricos, nuevos bancos y nuevos pobres. De todas maneras, no hay nadie que viva tanto ni tenga tanto aguante como para disfrutar de todo lo que se puede comprar con muchísimo dinero. De hecho, es precisamente eso, quien tiene mucho dinero tiene la necesidad de comprar, es decir, de dar dinero a otro por un bien o un servicio. Esa es la base del capitalismo. Queda entonces una conciencia residual en la mente que es que el rico debe socialmente su dinero, ya sea en forma de adquirir casas, hacer fiestas o lo que sea. Lo importante y lo correcto es gastar. Sin embargo, de todos es conocido que si se gasta el dinero, se deja de ser rico. Por tanto, los ricos ahorran. Ahorrando se consiguen las grandes fortunas.
¿A dónde estamos llegando? A que los bancos eran reticentes a prestar porque de esa manera su ahorro se resentía. Pero desde un punto de vista social (que no altruista, ya que no se debe permitir nunca eso en la sociedad) los bancos deben gastar su dinero y no ahorrarlo. Ese gasto puede significar inversión, pero lo importante es que el dinero fluya, y así todos reciban. La gestión posterior de ese dinero recibido es lo que convertirá a cada cual en rico o en pobre.
El sector privado tiene dos opciones con su dinero: ahorrar o invertir. No se puede consentir que el dinero esté inmóvil. Eso no significa, vuelvo a repetir, que no se compren viviendas, oficinas, centros comerciales, con los cuales ganar más dinero (inversión). Lo que significa es que esos 50 mil millones de euros servirán para que haya dinero con el cual pagar salarios a funcionarios y con el cual esos trabajadores pagarán a sus bancos otra vez, y el dinero fluirá.
Todos estos pensamientos son complicados y no se han expuesto en toda su totalidad, analizando los distintos escenarios, que por supuesto requieren distinto tratamiento, pero en definitiva, el sector privado propietario de la riqueza está obligado a gastar por el bien social. Repito, no se puede consentir el regalo, pero sí la inversión.
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